El proyecto de real decreto afectaría a instalaciones con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. Los operadores tendrían que acreditar el origen renovable de su consumo, cumplir requisitos de eficiencia y mantener en la Unión Europea los datos asociados a la operación.

El Gobierno ha sometido a audiencia pública un proyecto de real decreto que introduce nuevas condiciones para la instalación y operación de centros de datos en España. El texto pone el foco en la sostenibilidad energética, la eficiencia, el consumo de agua, la resiliencia y la soberanía tecnológica, y vincula parte de su cumplimiento a la obtención y conservación de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.

La propuesta, tramitada por la vía de urgencia desde el 27 de agosto, todavía no está aprobada. Las alegaciones pueden presentarse hasta el 4 de septiembre. Si sale adelante en términos similares, afectará principalmente a las instalaciones con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW.

El alcance va más allá de los operadores de centros de datos, cloud y colocation. También puede condicionar el negocio de fabricantes de infraestructura, integradores, proveedores de energía, networking, almacenamiento, refrigeración, seguridad y servicios especializados.

Un 80 % de energía renovable, acreditado hora a hora

Mientras la cuota renovable del sistema eléctrico español no supere el 90 %, los centros afectados deberán cubrir al menos el 80 % de su consumo con nueva generación renovable.

La exigencia combina adicionalidad y correspondencia horaria. Cada nuevo megavatio de potencia deberá estar respaldado por capacidad renovable puesta en servicio dentro de los 18 meses anteriores al inicio de la actividad del centro de datos, mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo. Además, el operador tendrá que demostrar hora a hora que dispone de suficiente energía renovable para cubrir el consumo.

Este requisito puede abrir oportunidades alrededor de la monitorización energética, la automatización, el almacenamiento, la gestión de cargas, la integración de renovables y el seguimiento de contratos PPA.

La soberanía se extiende a la operación

El proyecto exige que el operador esté establecido en la Unión Europea. También obliga a mantener en territorio comunitario los datos operativos, metadatos y registros vinculados al funcionamiento del centro.

Cuando intervengan proveedores de soporte o mantenimiento de terceros países, deberán existir mecanismos de trazabilidad, identificación de subcontratistas y medidas frente a solicitudes contrarias al Derecho europeo por parte de autoridades extracomunitarias.

Las obligaciones se circunscriben a la información bajo control directo o contractual del operador; no implican, por sí solas, que todos los datos de los clientes alojados en la instalación tengan que residir en España. Antes de iniciar la actividad, el operador presentará una declaración responsable y el min

isterio podrá comprobar su cumplimiento.

Para el canal, esto puede afectar al diseño de servicios remotos, la administración de plataformas, el soporte internacional y la selección de proveedores.

El acceso a la red, condicionado al cumplimiento

Los nuevos proyectos deberán acreditar los requisitos previstos para obt

ener acceso y conexión a la red eléctrica. El incumplimiento podría dar lugar a recargos crecientes y, en los casos más graves, a la pérdida de esos derechos.

Los expedientes ya en tramitación dispondrían, con carácter general, de seis meses para adaptarse. El plazo se reduciría a tres meses para determinados proyectos inmersos en concursos de acceso. El texto contempla asimismo la posibilidad de renunciar a los permisos sin perder la garantía de ejecución en algunos supuestos.

Más obligaciones de medición y publicación

La propuesta incorpora requisitos de eficiencia energética y de uso del agua, con indicadores como PUE y WUE. Cuando entre en vigor el etiquetado europeo, en agosto de 2027, las nuevas instalaciones deberán alcanzar la categoría A; hasta entonces se aplicarían niveles equivalentes definidos en el real decreto.

 

Los centros con una potencia instalada de tecnologías de la información superior a 500 kW tendrán que presentar cada año información sobre sostenibilidad ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los que superen 1 MW también deberán informar sobre su adhesión al código europeo de buenas prácticas.

Este bloque refuerza la demanda potencial de sensores, plataformas DCIM, auditorías, servicios de eficiencia y cumplimiento recurrente.

Una inversión superior a las previsiones iniciales

La Estrategia de Inteligencia Artificial estimaba que España podría alcanzar unos 2,5 GW de capacidad de computación en 2030, con una demanda eléctrica asociada de entre 3,5 y 4 GW. Sin embargo, desde 2021 se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión para centros de datos.

La distancia entre ambas cifras muestra el volumen de proyectos que aspiran a entrar en el mercado y explica por qué la regulación puede convertirse en un factor decisivo para determinar cuáles resultan viables.

Para el canal IT, el efecto no se limita a una nueva capa de cumplimiento. La combinación de energía, eficiencia, soberanía, seguridad y operación puede ampliar el alcance de los proyectos y favorecer ofertas integradas de infraestructura, software y servicios.

El texto todavía puede cambiar durante su tramitación. Pero la dirección es clara: la viabilidad de un centro de datos ya no dependerá únicamente de encontrar suelo y conectividad. También estará condicionada por su arquitectura energética, su consumo de recursos y el control operativo y jurídico de la infraestructura.