¿Qué nos pasa con Veri*Factu? [1/5]

El Gobierno de España ha anunciado un nuevo aplazamiento de la obligatoriedad del sistema Veri*Factu por el que la Agencia Tributaria requiere un sistema de verificación de facturas inmutable e imborrable. Se ha concedido una prórroga de un año hasta 2027, plazo que otorga más tiempo a pymes y autónomos para adaptarse a una facturación completamente digitalizada.

LA CONTROVERTIDA medida, aprobada mediante Real Decreto-Ley por el Ministerio de Hacienda el pasado 2 de diciembre casi por sorpresa, concede un balón de oxígeno a más de 6 millones de sujetos obligados (2,9 millones de SL y 3,4 millones de autónomos en RETA que facturen por debajo de los 6 millones de euros –salvo las erradicadas en el País Vasco y Navarra, que ya funcionan con su sistema propio TecketBAI con sus respectivas haciendas forales–), y donde solo el 40% había concluido con éxito la preparación u homologación de sus sistemas contables.

La obligatoriedad de la norma Veri*Factu, enmarcada en la Ley Antifraude de 2021, se retrasa un año respecto a los plazos previstos anteriormente para 2026: 1 de enero de 2027 para sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y 1 de julio de 2027 para el resto de empresas y autónomos. La medida busca mejorar el control fiscal y la trazabilidad de las operaciones comerciales, generando un registro de cada factura accesible para la Agencia Tributaria que no pueda ser modificado o borrado.

Las razones esgrimidas para este aplazamiento responden a las dificultades y la falta de tiempo de muchas empresas, especialmente pequeños comercios y negocios en manos de autónomos, para adaptar sus programas de facturación, de tenerlos, a los requisitos técnicos exigidos. Además ocurre que muchos negocios en manos de empresarios próximos a la jubilación y sin relevo generacional tampoco quieren enredarse en nuevos proyectos que supongan cambios profundos. Pero la falta de un reglamento definido y claro por parte de Hacienda, y la coexistencia de diversos calendarios según tipo de empresa y nivel de facturación, también ha contribuido a la incertidumbre.

En general, la decisión ha generado alivio en parte del tejido empresarial, que gana un tiempo adicional para la transición digital, pero también críticas por los sobrecostes y la «chapuza» que supone tanto retraso e incertidumbre en la planificación. Unas reacciones que exigen diversas interpretaciones según las hagan fabricantes de software, integradores de canal, despachos profesionales o simples clientes que sí han cumplido con los plazos de certificación con la Agencia Tributaria y que ahora dudan si las inversiones realizadas no serán las últimas.

“Una parte de las empresas ya han adaptado sus sistemas a Veri*Factu y con esta decisión que ahora se toma, reclaman al sector del software que aseguremos su continuidad e incluso en algunos casos nos solicitan la reversión al sistema anterior. ¿Quién les va a dar respuesta? Nosotros sólo somos intermediarios obligados por la norma. ¿Quién va a asumir los costes asociados a esta decisión?”, se lamenta José L. Pancorbo, presidente de CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica) que desde finales del año 2005 ha ido integrando diversas asociaciones con presencia en 14 comunidades autónomas, entre ellas Gaia, Ineo, Silicon Alley Madrid, Andalucía Marca Digital, Canarias Excelencia Tecnológica, Cyberlur, Clúster TIC de Asturias, Alicantec, Aertic, Aetical, Ascentic, Aseitec, Atana, Avetic y Tecnara.

Para CONETIC, la decisión de aplazar a última hora la entrada en vigor de la Ley del proyecto Veri*Factu va a generar mayor incertidumbres e inseguridad jurídica, pues el problema “no es el aplazamiento, sino el momento en el que se toma. La norma afecta a 4 millones de contribuyentes entre empresas y autónomos, y metió mucha prisa a los desarrolladores e implantadores del software de facturación (intermediarios obligados por la Ley) para que sus sistemas estuvieran homologados antes del 1 de julio de 2025”, critica Pancorbo. Una carrera en la que estuvieron implicados las más de 1.500 empresas con 77.000 profesionales que conforman CONETIC y que suman una facturación agrupada de más de 11.000 millones de euros.

Pero más allá del aplazamiento, de lo que más se queja el presidente de la confederación es de que “el sector, necesario intermediario en la aplicación de estas normativas, ha sido excluido de todas las decisiones, desde la solución técnica hasta los plazos requeridos para su puesta en funcionamiento. Desde CONETIC hemos solicitado aplazamientos que nunca fueron atendidos siendo tan obvio que las empresas de software SIF [Sistemas Informáticos de Facturación] somos la cara visible ante los obligados tributarios”.

«El sector de software SIF, necesario intermediario en la aplicación de Veri*Factu, ha sido excluido de todas las decisiones, desde la solución técnica hasta los plazos requeridos para su puesta en funcionamiento» (José L. Pancorbo, CONETIC)

Este ninguneo ya viene de lejos, y es algo que no se entiende. “La transformación digital es esencial y estratégica para nuestro país, los proyectos deben asumirse con una mirada a largo plazo, ser fruto de la reflexión, del debate y el consenso, asumiéndose como proyectos de Estado convergentes con los planteamientos de la Unión Europea. Solo así conseguiremos los efectos beneficiosos de este proceso de cambio que es la digitalización”, argumenta Pancorvo. “Decisiones unilaterales como esta, solo arrojan desconcierto e inseguridad”.

Cate a los esforzados

Por eso, se echa en falta un poco de pedagogía por parte del regulador, pero para eso están los interesados. Fiskaly, especializada en simplificar el cumplimiento de las normativas fiscales a través de soluciones SaaS, por boca de su Country Manager en Iberia Isabel Nogales, nos señala que “lo primero que hay que hacer es matizar el término: no estamos ante un aplazamiento de la normativa, sino ante una extensión de los plazos de cumplimiento voluntarios para los contribuyentes. Las nuevas fechas límite sitúan la obligatoriedad en 1 de enero de 2027 para empresas sujetas al impuesto de sociedades y 1 de julio de 2027 para los autónomos y el resto de entidades”, destaca la directiva, que añade: “Pero el sistema no parte de cero. La normativa ya está vigente para fabricantes y proveedores de software desde julio de 2025, y eso tiene una implicación práctica muy concreta: cualquier compra, cambio o actualización de un sistema de facturación debe realizarse solo con soluciones que cumplan los requisitos antifraude y el reglamento de los SIF (que comúnmente llamamos reglamento Veri*Factu). Es decir, aunque se amplíe el margen para el contribuyente, el software que entra en el mercado o se actualiza no puede esperar”.

Y en esto coincide con el representante de Conetic. ¿El aplazamiento unilateral penaliza a las empresas que sí han hecho los deberes?: “Desde el punto de vista empresarial, esta extensión también deja un efecto colateral evidente: penaliza a quienes ya se habían preparado. Muchas compañías han invertido en adaptación tecnológica, consultoría, formación y cambios de procesos internos. Cuando el calendario se mueve sin un acompañamiento claro, por ejemplo, mediante incentivos o medidas que reconozcan ese esfuerzo, el resultado suele ser frustración y una pregunta recurrente: ‘¿qué ocurre con el retorno de esa inversión?’”, declara Nogales. “En Fiskaly lo estamos viendo en conversaciones con proveedores y empresas: el mercado puede interpretar que ‘no corre prisa’, cuando precisamente los que se adelantaron lo hicieron para evitar costes y riesgos de última hora”.

Pero si no se mete en el futuro ningún elemento distorsionador en la legislación final, los que ya hayan avanzado en este camino lo tendrán más cómodo en la meta final. El peligro es caer en una excesiva sensación de confianza y hacer realidad la fábula de la liebre y la tortuga. “Por último, conviene advertir del principal riesgo: la falsa sensación de calma. Ese año adicional puede invitar a posponer decisiones, pero el contexto regulatorio no se detiene. La factura electrónica sigue avanzando en Europa y, si se retrasa la adaptación, existe el riesgo de que muchas organizaciones lleguen a 2027 teniendo que abordar dos frentes normativos a la vez, con más complejidad operativa, más dependencia de terceros y mayores costes de implementación”, advierte la directiva de Fiskaly. “En otras palabras: el margen extra puede ser útil, pero solo si se utiliza para preparar una transición ordenada, no para ‘congelarla’”.

«No estamos ante un aplazamiento de la normativa, sino ante una extensión de los plazos de cumplimiento voluntarios para los contribuyentes. El margen extra puede ser útil, pero solo si se utiliza para preparar una transición ordenada, no para congelarla» (Isabel Nogales, Fiskaly)

Proyecto ViDA

El trabajo de zapa ya se inició hace cuatro años, tras la pandemia. Desde CONETIC reclamaban un proyecto de Estado para desplegar la factura electrónica sustentado en el informe ViDA (VAT in the Digital Age, las declaraciones del IVA en la era digital) que suponía eliminar los reportes fiscales trimestrales del impuesto de valor añadido al implantar una facturación electrónica con formato estandarizado, a través de una plataforma pública gestionada por la Agencia Tributaria. Según la Comisión Europea, el ahorro estimado para las empresas de la UE en este proceso sería de 40.000 millones anuales.

Esto se había convertido ya en una realidad, al aprobarse en marzo de 2025 la directiva ViDA obligatoria para los Estados miembro de la Unión Europea, y en España su trasposición era aprobada el pasado 25 de noviembre. Aunque es un proyecto a largo plazo que se pretende culmine en 2034, la armonización ya se exige que empiece a converger a más tardar a mediados de 2028 cuando entren en vigor a nivel europeo las medidas de registro único del IVA (OSS, One Stop Shop). La directiva ViDA introduce dos pilares fundamentales: la facturación electrónica obligatoria entre empresas (B2B) para operaciones transfronterizas intracomunitarias; y el reporte digital de transacciones en tiempo real (DRR) mediante un sistema armonizado común, que deberán estar ambas en vigor el 1 de julio de 2030.

La Directiva ViDA convergerá y acabará absorbiendo los sistemas nacionales existentes (SII, Veri*Factu y TicketBAI), aunque no será de manera inmediata, pues España podrá mantener sus sistemas en uso hasta el 31 de diciembre de 2034, fecha límite para la plena armonización con el estándar europeo. Entre tanto, el sistema español actual permite a las empresas que facturen menos de 6 millones de euros anuales elegir entre alinearse con el SII (Suministro Inmediato de Información) de forma voluntaria o cumplir con las normas Veri*Factu (de la Ley Crea y Crece), ahora pospuestas a 2027. El SII es un modelo maduro de reporte casi en tiempo real, mientras que Veri*Factu se centra más en la integridad del dato y la lucha contra el software de doble uso.

Ya más a largo plazo, el impacto se notará a partir de 2030, y definitivamente en 2035, cuando ambos sistemas deberán alinearse con los requisitos técnicos y de reporte armonizados de la UE, lo que implicará ajustes significativos en la normativa y los programas de contabilidad empleados. Por tanto, no hay que dejar de lado saber que los sistemas españoles actuales son pasos intermedios que eventualmente serán sustituidos o adaptados al sistema unificado de la UE en la próxima década.

Fabricantes a favor

Aunque la modificación del denominado ‘Reglamento Veri*Factu’ aprobada por Real Decreto-Ley en el Consejo de Ministros de este 2 de diciembre y publicada en el BOE al día siguiente para su entrada en vigor, aún debe someterse a votación en el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días para su definitivo aplazamiento de su obligatoriedad. “El retraso de Veri*Factu hasta 2027 da un respiro al tejido productivo, pero no cambia el sentido de fondo de la norma, que es avanzar hacia una facturación más transparente, trazable y alineada con la lucha contra el fraude fiscal”, señala Álvaro Villa, director general de Alegra en España, un software homologado para Veri*Factu. “Este aplazamiento solo reafirma que la digitalización no es opcional, sino inevitable”.

Por tanto, todo lo que sea adelantarse y no dejarlo todo para última hora no hará más que traer ventajas. “Estar preparado, con un software homologado, es la mejor manera de evitar la urgencia de última hora y garantizar un control eficiente y seguro de las obligaciones fiscales”, aconseja Villa. “Esta ampliación de plazo proporciona a las pymes más tiempo para prepararse al cumplimiento con Veri*Factu, y las que ya lo han hecho pensando en el plazo inicial saben que hacerlo significa avanzar en su digitalización y modernizarse mejorando su control financiero y eficiencia empresarial”.

Por el contrario, posponer su inevitable cumplimiento puede suponer incurrir en una espiral de costes, más cuando existen muchas alternativas gratuitas. “Muchas pymes están preocupadas por la inversión y dedicación que puede suponerles la digitalización. Sin embargo, es importante recordar que existen opciones accesibles y gratuitas diseñadas específicamente para satisfacer sus necesidades y que, por supuesto, están homologadas para cumplir con Veri*Factu. Es el caso de Alegra, que permite anticiparse al cumplimiento normativo gratis”, presume su director general.

«Estar preparado, con un software homologado, es la mejor manera de evitar la urgencia de última hora y garantizar un control eficiente y seguro de las obligaciones fiscales» (Álvaro Villa, Alegra)

Desde Dojo, plataforma de pago nativa en la nube para comercios y restauración, también coinciden en esta posición, pensando sobre todo en que no afecte una transición a matacaballo a la experiencia de sus clientes. Y es que hasta noviembre de 2025, solo el 8% de pymes y autónomos lo había implementado, según datos de Ipsos recogidos en el ‘Observatorio TeamSystem: radiografía y diagnóstico de pymes, autónomos y asesorías’.

“Desde Dojo valoramos positivamente la medida de dar más tiempo a las empresas para adaptarse a esta transformación, especialmente este grupo más vulnerable”, menciona Jesús Molina, Head of Partners de Dojo, proveedor de herramientas y tecnologías de pago. “No obstante, es importante tener claro el horizonte. Si la adopción no se ejecuta en 2026, los comercios se alejarán de las directrices europeas que buscan armonizar la fiscalidad y el control contable en el marco del mercado único”.

Esta advertencia es pertinente, y determina la estrategia a seguir por el retail y canal horeca. “Veri*Factu es una oportunidad para simplificar los procesos de pago en los negocios españoles. La nueva normativa permite a los comercios automatizar sus procesos, eliminar errores humanos y tener un control más claro de su facturación, sin añadir pasos extra al momento de cobro”, recuerda Molina. “Es fundamental contar con dispositivos preparados para integrarse con la normativa sin fricciones y soluciones que conecten de forma nativa con los nuevos requisitos de Veri*Factu, de modo que el cumplimiento normativo se produzca de manera invisible, sin interrumpir la experiencia del cliente”.

«Es fundamental contar con dispositivos preparados para integrarse con la normativa sin fricciones y soluciones que conecten de forma nativa con los nuevos requisitos de Veri*Factu, de modo que el cumplimiento normativo se produzca de manera invisible» (Jesús Molina, Dojo)

También conocimos que Sage, editor de soluciones de contabilidad y facturación, recursos humanos y nómina que ya están validadas y certificadas para garantizar a sus clientes el cumplimiento con el Reglamento Veri*Factu, está alineado con estos planteamientos. “Si bien es cierto que el anuncio ha supuesto una sorpresa, por el contexto y la forma en la que se ha producido, Sage valora positivamente la decisión de ampliar el calendario de entrada en vigor de Veri*Factu, para garantizar una transición segura y sencilla para empresas y autónomos”, declaraban en un statement público.

Así, se valora positivamente este nuevo marco temporal, que va a brindar al tejido empresarial la posibilidad de preparar la transición sin presión, planificar sus inversiones tecnológicas de manera adecuada y asegurar el cumplimiento normativo con mayor serenidad. Y mete su cuña publicitaria: “El aplazamiento es una oportunidad para continuar promoviendo, a través de la plataforma Get Ready, programas de sensibilización y formación, de manera que cualquier organización pueda prepararse desde ahora, con la seguridad de saber que Sage será su socio tecnológico de referencia en este cambio normativo”.

Advertencias y recomendaciones

La misión de Sage es contribuir a derribar aquellas barreras que impiden prosperar a personas y empresas, empezando por los millones de autónomos, pequeñas y medianas empresas clientes de la compañía, sus socios y las asesorías y despachos profesionales que están en la primera línea. Al digitalizar los procesos y las relaciones con los clientes, proveedores, empleados, entidades bancarias y gobiernos, las pymes eliminan fricciones y al manejar de manera más ágil información de alto valor añadido hacen que sus negocios sean más prósperos. Por eso Sage considera esencial avanzar en la unificación de los plazos de Veri*Factu y de la factura electrónica.

“¿Qué pedimos al Gobierno ante el nuevo escenario? La coexistencia de dos normativas percibidas como ‘similares’ por un amplio espectro de empresas, con calendarios y fases de implementación distintos según tamaño y facturación, está generando incertidumbre y una sobrecarga normativa. Esta situación transmite a las empresas la sensación de tener que adaptar sus sistemas y procesos dos veces, con el consiguiente impacto operativo y económico”, señalan.

«Para acelerar la adopción del nuevo reglamento es fundamental activar ayudas y medidas de apoyo específicas, tales como subvenciones para la adquisición de tecnología, incentivos y deducciones fiscales, así como programas de formación» (Sage)

Y por eso lanzan estas recomendaciones: “Para acelerar la adopción del nuevo reglamento, es fundamental activar ayudas y medidas de apoyo específicas, tales como subvenciones para la adquisición de tecnología, incentivos y deducciones fiscales, así como programas de formación que faciliten la comprensión de los beneficios derivados de la automatización de procesos y la digitalización. De lo contrario, existe el riesgo de que los niveles de adopción continúen siendo bajos en diciembre de 2026”, advierte la compañía.

Hoja de ruta

El aplazamiento ofrece tanto a las empresas como al canal de integración con sus servicios una ventana de oportunidad para prepararse de manera estratégica. Ante el nuevo escenario las recomendaciones del sector van dirigidas a:

• Formarse en profundidad sobre el Reglamento de Facturación.
• Revisar y optimizar sus procesos internos, seleccionando el software certificado más adecuado a sus necesidades.
• Comenzar a implementar un sistema Veri*Factu de forma gradual.
• Establecer planes de contingencia para asegurar el cumplimiento normativo.
• Aprovechar la conveniencia de integrar otros sistemas obligatorios como el fichaje digital para el control horario de la jornada laboral y el cómputo de horas extras.
• Valorar vías de financiación en función de la envergadura del proyecto, sabiendo que existen soluciones gratuitas totalmente válidas.