Estos son los problemas de la contratación pública y cómo solucionarlos en 2026

Las licitaciones públicas son hoy uno de los mayores cuellos de botella de la administración. Cada contrato que se retrasa implica servicios que no llegan, inversiones que pierden valor y recursos que se desperdician. En los despachos municipales y autonómicos se acumulan expedientes que avanzan con dificultad entre pliegos complejos, recursos administrativos, burocracia y una maraña de datos dispersos. Mientras tanto, la presión sobre los técnicos aumenta y la exigencia de transparencia es mayor que nunca. La pregunta es inevitable: ¿Por qué un proceso tan crítico para el funcionamiento del país sigue gestionándose con herramientas del pasado? ¿Cómo se pueden solucionar en 2026?

La realidad es que gran parte de las administraciones públicas sigue afrontando sus procesos de contratación con escasa capacidad de análisis del mercado y con información fragmentada. Cada nuevo expediente obliga a revisar boletines oficiales, rastrear contratos similares y ajustar cláusulas legales sin una base común de conocimiento. El resultado es una carga administrativa elevada, un riesgo constante de impugnaciones y una planificación deficiente que acaba traduciéndose en retrasos, costes adicionales y dificultades para encontrar a la empresa ideal para realizar el trabajo.

Tal y como explican los expertos en analítica de datos de Doubletrade, empresa especializada en soluciones analíticas para el sector público, una de las principales dificultades es la redacción de pliegos técnicos y administrativos. Elaborar documentos claros y alineados con la Ley de Contratos del Sector Público no es una tarea sencilla cuando no existen herramientas que permitan comparar cómo han resuelto problemas similares otros organismos. La consecuencia directa es la inseguridad jurídica.

Los técnicos trabajan sin una referencia sólida, duplicando esfuerzos y con el temor permanente a que una cláusula mal formulada derive en un recurso ante los tribunales administrativos. “Hoy muchos equipos dedican horas a revisar pliegos antiguos, resoluciones o expedientes de otras administraciones sin una plataforma que centralice esa información”, explica Xavier Piccinini, director general de DoubleTrade España. “No se trata solo de una cuestión de tiempo, sino de calidad: la falta de visión global impide aprender de los errores y aciertos de otros organismos”.

A este problema se suma el desconocimiento del mercado proveedor. En numerosos casos, las Administraciones no tienen una visión clara de qué empresas han trabajado con otros organismos, en qué condiciones y con qué resultados. Esta falta de información limita la concurrencia, favorece la dependencia de un número reducido de proveedores y dificulta la entrada de pymes en la contratación pública. El efecto es negativo: menos competencia suele traducirse en peores precios y menor innovación.

Así se pueden evitar los concursos desiertos

“Si una Administración no sabe quién puede prestar un servicio o suministrar un producto en otras partes del país, es muy difícil diseñar una licitación atractiva”, apunta Piccinini. “El desconocimiento del mercado conduce a concursos desiertos o a procesos con muy poca competencia, lo que termina repercutiendo directamente en el coste para el contribuyente”.

La fijación de precios es otro de los grandes puntos débiles. Sin referencias fiables sobre cuánto pagan otros organismos por contratos similares, las Administraciones se arriesgan a establecer presupuestos fuera de mercado. Un precio demasiado bajo puede ahuyentar a los licitadores; uno demasiado alto puede generar sobrecostes difíciles de justificar. En ambos casos, la eficiencia del gasto público queda en entredicho.

La falta de planificación también afecta a los contratos recurrentes. Muchos organismos detectan tarde el vencimiento de servicios esenciales, lo que obliga a aprobar prórrogas de urgencia o a iniciar procedimientos acelerados que reducen la capacidad de negociación. “Cuando no hay sistemas de alerta ni previsión, se toman decisiones de forma reactiva y no proactiva, y esa improvisación es incompatible con una gestión moderna”, lamenta Piccinini.

Sin embargo, la información existe. Las Administraciones acumulan miles de pliegos, contratos y resoluciones. El problema es que ese volumen de datos no es explotable sin las herramientas adecuadas. La ausencia de motores de búsqueda avanzados y de soluciones de análisis masivo convierte ese archivo histórico en una biblioteca caótica, imposible de utilizar de forma sistemática para mejorar futuras licitaciones.

En este contexto, las plataformas de analítica avanzada se presentan como una vía para cambiar las reglas del juego. Su aportación principal es la centralización del dato y su conversión en conocimiento útil. A través del análisis de miles de expedientes, estas herramientas permiten identificar patrones, comparar precios, anticipar vencimientos y visualizar tendencias por sector o territorio.

La transparencia es uno de los grandes beneficiarios de este enfoque basado en datos. Cuanta más información objetiva tenga una administración, más fácil será justificar decisiones y rendir cuentas ante la ciudadanía. “Cuando las decisiones se apoyan en cifras y comparativas, la confianza aumenta”, subraya Piccinini.

“La contratación necesita datos, referencias y visión estratégica. La tecnología ya permite saber cómo se contrata en otros lugares, qué funciona mejor y qué errores conviene